Bajar la edad de imputabilidad exime al Estado de su responsabilidad de cuidado
El proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad en Argentina resurge periódicamente en el debate público, usualmente impulsado por casos mediáticos de delitos cometidos por adolescentes. Desde ATE Rosario sostenemos que el Estado debe fortalecer su rol de garante, partiendo de un diagnóstico preciso sobre las condiciones que generan vulnerabilidad y del estado crítico de los sistemas de protección y responsabilidad penal juvenil.
Reducir el análisis sobre presente y futuro de las infancias y juventudes a una mera ecuación de "edad-castigo" resulta simplista y peligroso. Desde una perspectiva de derechos humanos, el desarrollo psicológico y la realidad institucional argentina, bajar la edad es una respuesta regresiva.
La piedra angular del sistema argentino es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), con rango constitucional y el mismo consagró la Doctrina de la Protección Integral, desplazando el viejo paradigma de la "situación irregular", que veía al niño/a como objeto de tutela o castigo y estableció derechos específicos como lo son la vida, educación, salud, familia, inclusión social, etcétera.
Exigirles a lxs pibes que carguen sobre sus espaldas con el peso de una responsabilidad penal aumentada, mientras se les niega sistemáticamente la responsabilidad social de protegerlos, es la máxima expresión de este cinismo. Bajar la edad de imputabilidad es, en este sentido, la culminación perversa de un Estado que, en lugar de hacerse cargo de sus infancias y adolescencias, prefiere procesarlas y encerrarlas.
Avanzar con una baja de la edad sin transformar radicalmente el sistema actual sería una irresponsabilidad mayúscula.
Además el número de jóvenes que comete delitos es ínfimo. El 99,45 % no comete hechos delictivos.
Responsabilidad penal diferenciada
Los Estados deben establecer una edad mínima por debajo de la cual se presume que lxs niñxs no tienen capacidad para infringir leyes penales (art. 40.3 a). Argentina fijó esa edad en 16 años con la Ley 22.278, aunque es cuestionada por organismos internacionales por ser aún baja. Para plicar las garantías procesales para mayores de 16 años el sistema debe ser especializado, con jueces y abogados capacitados, y privilegiando medidas socioeducativas no privativas de libertad. Mucho menos hacerlos compartir espacios con personas mayores de edad en conflicto con la ley penal.
Bajar la edad a 14 o 13 años constituiría un retroceso histórico, acercando el sistema al viejo paradigma punitivo, contradiciendo la CDN y exponiendo a niños en desarrollo a un sistema carcelario adulto.
Distintas teorías psicoanalíticas o del desarrollo cognitivo o biológico dan razones desde la ciencia ofreciendo evidencias contundente sobre por qué los adolescentes requieren un tratamiento jurídico especial.
Esta culpabilización de la víctima final no es un fenómeno aislado, sino que se enraíza en un paradigma cultural y político más amplio: el individualismo neoliberal y meritocrático. Este paradigma promueve una visión 'light' de la responsabilidad, donde cada sujeto es considerado un emprendedor de su propio destino, abstracto de sus condiciones materiales y simbólicas de existencia. Así, el fracaso -o el delito- se atribuye únicamente a una elección personal, borrando de un plumazo toda la trama de determinaciones sociales, económicas e históricas que los producen.
Este discurso, a su vez exime al Estado y a la sociedad adulta de su responsabilidad colectiva. Se fomenta así la fantasía de un castigo como solución técnica y rápida como la “mano dura”, que opera como un significante vacío de seguridad, pero lleno de efecto político. Mientras, se resiste a la evidencia de que la verdadera seguridad es político-social: se construye con presupuesto para la educación pública, la salud mental comunitaria, el trabajo registrado, la urbanización de villas y el acceso a la cultura.
Paradójicamente, este mismo modelo produce una adultez adolescentizada, que demanda respuestas inmediatas (como el castigo ejemplar) sin la paciencia histórica que requiere construir políticas de inclusión a largo plazo. Se pretende que lxs adolescentes maduren y se “responsabilicen”, mientras el Estado, acompañado de una parte de la sociedad adulta se niega a asumir la responsabilidad de generar las condiciones para que esa maduración sea posible.
Ofrecer una respuesta integral y con perspectiva socio histórica no es "blandura". Es la opción más exigente, costosa y ética. Implica un Estado que asume su doble responsabilidad: la de no haber protegido a tiempo y la de construir soluciones que corten el ciclo de la violencia, en lugar de perpetuarlo en cárceles que solo perfeccionan al delincuente. Negar esta oportunidad condena a estos jóvenes a una identidad fija de victimarios y garantiza, a mediano plazo, la repetición del daño hacia la sociedad.
Desde nuestra organización sindical exigimos a nuestros representantes que protejan a nuestros jóvenes de manera integral con un estado que sea garante de los derechos imprescindibles para que gocen de una vida digna y a partir de allí establecer la responsabilidad penal del adolescente/niño y que el sistema penal sea especializado y garantice su reinserción.
Equipo de Comunicación ATE Rosario
