Pullaro viola el régimen de licencias: hasta la maternidad es falta
El gobierno de la provincia definió unilateralmente aplicar el llamado “Incentivo a la Asistencia para el sector de Asistentes Escolares”. Éste viola abierta y expresamente el convenio colectivo de trabajo del sector público provincial afectando derechos, incluso desde una perspectiva de género. Sobre salarios miserables la suma extra empuja a agentes de la Administración Pública Provincial a trabajar enfermos.
Mediante el Decreto Nº 1897/25 y su Anexo Nº 18338/25 dictados por el Poder Ejecutivo Provincial se estableció, por fuera de todo ámbito paritario, el Incentivo a la Asistencia para el sector de Asistentes Escolares. El mismo condiciona su cobro al ejercicio de derechos reconocidos en el Decreto 1919/89, que regula licencias, justificaciones y franquicias en la Administración Pública Provincial.
Por ejemplo, no cobrarán el incentivo personas con:
– Licencia por maternidad.
– Licencias por enfermedad de larga duración, incluidas enfermedades oncológicas.
– Licencia por accidente de trabajo.
– Licencia por duelo de familiar directo.
– Inasistencias justificadas por inclemencias climáticas.
– Justificación por día destinado a la prevención de salud.
– Carga Pública
Es inadmisible que esos derechos sean considerados como “inasistencias”, ya que forman parte de un régimen que protege la salud, la vida familiar y la integridad de las y los trabajadores. Aun cuando se utilicen otros términos, se trata de reinstaurar el “presentismo” que nefastamente implementó el gobierno neoliberal de Carlos Reutemann en la década del 90. La medida va de la mano con la implementación de mecanismos de control de licencias médicas que implican, como denunciamos desde ATE Rosario, la mercantilización de la sSalud.
En una Administración Pública Provincial signada por salarios miserables, sobrecarga laboral, falta de personal e infraestructura, en lugar de otorgar incremento de sueldos para que preserven su poder adquisitivo (incluyendo lo adeudado de la Paritaria del año 2023) el Gobierno Provincial implementa esta medida que viola abierta y expresamente la Ley 10052 y modificatorias, que establece que las condiciones de trabajo y régimen salarial del personal de la administración Pública Provincial serán establecidos mediante el sistema de convenciones colectivas de trabajo.
Además se viola el Convenio 154/1981 OIT de fomento de la negociación colectiva ratificado por Ley Nacional 23544. Incluso al ser tan restrictivo en cuanto a las ausencias exceptuadas de la pérdida del incentivo que se viola el derecho a la salud, a vacaciones, a la seguridad social, entre otros derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.
Es un ítem salarial que configura una profunda desigualdad y discriminación de género porque no contempla licencias por nacimiento, ni tampoco de cuidado, cuya responsabilidad está a cargo de las mujeres. Es un incentivo que no garantiza la equidad, vulnera la salud laboral y el derecho autónomo al cuidado reconocido en la reciente Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra garantizado por diversos instrumentos internacionales tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio Internacional contra todas las formas de discriminación hacia la mujer que en nuestro país tiene rango constitucional vía el art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional.
Para finalizar cabe dimensionar que esta medida ejerce insalubre presión sobre las y los asistentes escolares, el sector más numeroso, feminizado y peor pago de la provincia. Sector sobre cuya pobreza y reducción de poder adquisitivo se monta el superávit provincial anunciado insistentemente por Pullaro, mientras se siente la falta de personal e infraestructura en Salud, Educación, Niñez, y tantas otras áreas que atienden sectores vulnerables de la comunidad. Un superávit que se asemeja al criterio mileista de desacelerar la inflación haciendo que cada vez podamos consumir menos, por ser trabajadoras y trabajadores pobres.
ATE Seccional Rosario
