1º sesión del Consejo Consultivo para prevenir, asistir y erradicar la violencia de género
ATE Seccional Rosario participó de la reunión con representantes del Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial, instituciones y entidades de la sociedad civil, en Sala Rodolfo Walsh de Gobernación.
El sindicato llevó diversos requerimientos al funcionariado. Al Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe se le solicitó su colaboración para poner en tema los proyectos que faltan tratar, como el de la Ley Vanesa y el proyecto de ley que declara la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género.
Al Poder Ejecutivo se le reiteró la urgencia de reglamentar la Ley de Licencia Laboral por Violencia de Género y su ampliación para incluir la violencia económica; la reglamentación de la Ley 14.371 de prevención y erradicación de violencias y acoso en el trabajo; la inclusión de políticas de cuidado y el abordaje de estas con el correspondiente enfoque de género para las trabajadoras en el ámbito público.
Sobre la licencia por violencia, las referentas gremiales apuntaron que es muy importante su instrumentación en plazos mayores a los hoy permitidos, dado que las víctimas terminan tomando licencias psiquiátricas.
“Desde ATE y CTAA se luchó para tener una ley de licencia por violencia de género y vemos un claro retroceso en derechos conquistados, pues vuelven las compañeras a tener que solicitar licencia psiquiátrica y no por violencia, con las consecuencias simbólicas y prácticas que eso acarrea”, explicaron. Se marcó además la preocupación por la falta de presupuestos y de cumplimento de otras leyes ya aprobadas.
Con la mirada puesta a nivel nacional, se consideró necesario asentar una Mesa Federal de Género y Diversidad, ya que en la provincia de Santa Fe las políticas de género quedaron reducidas al ámbito de la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Dicha Secretaría es autoridad de aplicación de las leyes provinciales que adhieren a la Ley de Protección Integral, Ley Micaela y Ley Olimpia.
Consideraron que en todas las provincias y se deberían realizar trámites de solicitud de información pública para conocer el avance de la implementación de las leyes citadas y puntualmente:
- Existencia de planes de igualdad (PIOD), planes de acción y planes contra las violencias extremas y estado de implementación de las medidas;
- Consolidación de una contraparte de la sociedad civil encargada del monitoreo de las políticas de género;
- Acciones de comunicación para revertir los discursos de odio y desmentir la existencia de falsas denuncias;
- Capacitación a medios de comunicación;
- Estudios científicos sobre muertes violetas de mujeres en contextos del narco.
Lo que surgió en las resoluciones de la mesa fue apuntar a: capacitación y acompañamiento; protocolos creados al interior de las organizaciones; perspectiva de salud mental; perspectiva de infancias y adolescencias; abordaje de la autonomía económica; y el fortalecimiento de espacios comunitarios.
ATE Seccional Rosario
