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¿Cerrada para quién?

Las desafortunadas declaraciones del Ministro de Gobierno, Pablo Farías, vuelven a reflejar la omisión por parte del ejecutivo provincial de reconocer lo que realmente han perdido los trabajadores y trabajadoras del Estado tras negociaciones paritarias a la baja y procesos inflacionarios que desde hace tiempo le vienen ganando a los salarios.



En sintonía con las políticas de ajuste que viene implementando el gobierno nacional, el pasado 15 de noviembre el Ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, expresó a los medios que “la política salarial estaba cerrada” y que un bono de fin de año “no era necesario”. Mientras tanto los trabajadores y las trabajadoras del Estado se preguntan: ¿A quién le cierra la política salarial?

A principios de año y tras una negociación cerrada, con sumas a la baja y en negro, el gobierno santafesino cerró con las cúpulas sindicales un magro aumento del 25% en cuotas, dejando a los trabajadores y trabajadoras muy lejos de cualquier posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016. Mientras tanto para agosto del 2017, la canasta básica ya superaba los $24 mil y una mayor parte de los estatales seguían percibiendo cifras que oscilan por debajo de la línea de pobreza.

“No conozco un sólo compañero o compañera que llegue a fin de mes”, manifestó recientemente el delegado de asistentes escolares, Hernan Iseli, al anunciarse la medida de fuerza que tendrá lugar el próximo martes 22 de noviembre. Los trabajadores y trabajadoras del sector que perciben los salarios más bajos de la administración pública provincial, vienen denunciando con fuerza como años tras años las instancias paritarias vuelven a aplicar las misma fórmulas que dejan sin efecto los aumentos correspondientes.

Tanto en los bolsillos como en las estadísticas puede apreciarse que el tarifazo se comió al salario. Con aumentos que rondaron los $2.500 y los $3.000 de bolsillo los estatales tuvieron que afrontar el pago de enormes incrementos en los servicios básicos como luz, gas y agua que hasta llegaron a superar lo recibido de aumento salarial durante este año. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el IPEC, aunque la inflación entre junio de 2016 e igual mes de 2017 fue de 23,3%, el capítulo que mide los incrementos en vivienda y servicios básicos (que incluye también los alquileres), trepó al 40,1% en ese mismo período.

Ante la necesidad de democratizar los procesos paritarias, y lo central de la lucha por un salario digno, ATE Rosario llama a todos los trabajadoras a movilizar con el ajuste de todos los gobiernos: Jornada de protesta y radio abierta en Plaza San Martín el próximo 22/11; Paro Nacional de ATE el 6/12.

*Equipo de Comunicación ATE Rosario.

 


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