¿En qué contexto económico y social discutimos nuestros salarios?
Aún faltan dos meses para que los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional puedan volver a discutir salarios. En este contexto y tras el primer año de la gestión de Mauricio Macri, los derechos de los estatales y del pueblo trabajador se han visto atacados y vulnerados por una densa lista de medidas antipopulares.
A mediados de enero la Jefatura de Ministros, a cargo de Marcos Peña, resolvió y notificó el congelamientos de vacantes en el Estado al modificar el presupuesto general de la administración nacional para 2017, medida que se enmarca en una lamentable y larga lista de medidas que atentan contra los derechos de los trabajadores y trabajadores. Desde el vaciamiento de los organismos nacionales, hasta la criminalización de la protesta, ATE Rosario indaga: ¿En qué contexto económico y social discutimos nuestros salarios?
La modificación firmada por Peña, la cual consta en la Decisión Administrativa 12/17 publicada en el Boletín Oficial el 11 de enero, determina que las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional no podrán efectuar contrataciones que superen a las existentes al 31 de diciembre de 2016.
En la actualidad existen 376.120 cargos en planta permanente, 14.622 en la temporaria y 302.139 horas cátedra (contratados). Los que no estén ocupados, se reservarán a disposición de la Jefatura de Gabinete.
Poco después en una nueva medida que se inscribe en el marco del ajuste y la persecución a los trabajadores y las trabajadoras del Estado, el gobierno nacional, a través del Ministro de Modernización Andrés Ibarra, dio a conocer un plan mediante el cual pretenden capacitar a los empleados públicos, que incluye premios y castigos en base a evaluaciones realizadas por el propio gobierno.
Desde el 2006, cuando se puso en marcha el convenio colectivo sectorial de los trabajadores de la administración pública nacional, los gobiernos han tomado decisiones de forma unilateral, tratando a los trabajadores como convidados de piedra. El gobierno de Mauricio Macri, en particular, viene haciéndolo con una impronta ajustadora que se inició con los despidos masivos, que no modificó la situación de miles de trabajadores precarizados y que intenta impedir la discusión salarial con anuncios de estas características. Esta nueva medida, sigue al Decreto Administrativo Nº 12, que congeló los ingresos al Estado y que también fue resuelta de manera absolutamente inconsulta.
El vaciamiento de los organismos
Mientras tanto, los trabajadores de los organismos nacionales resisten contra todo tipo de atropellos: los compañeros y compañeras de SENASA se encuentran en estado de alerta y movilización permanente denunciando la delegación y tercerización de funciones indelegables del Estado en manos privadas. Como lo es la derogación del decreo 260/14 que quita el control del SENASA de áreas estratégicas.
Cerrando el 2016 y aún en plan de lucha, los compañeros del CONICET denunciaron el recorte de de presupuesto en Ciencia y Técnica, el cuál quedo al descubierto tras la publicación los resultados de los ingresos a carrera CIC, no solo confirmando el brutal recorte en el número de becarixs que pasarán a ser investigadores ( 385 de un total de 1520 postulantes), sino también poniéndole nombre y apellido a esos compañerxs que desde hace 5 ó 7 años trabajan en el organismo y a lxs que hoy se lxs expulsa.
Un año atrás, en diciembre de 2015, el flamante gestión Cambiemos se encargó despedir a todos los trabajadores contratados de SEDRONAR por medio del Ministerio de Modernización (ex Ministerio de Planificación) que a nivel local afectó directamente al CET Baigorria como en los CePLA de Rosario “Juntos a la par” (Barrio Qom-Industrial), de Rafaela, de Las Parejas y de Venado Tuerto. Esta situación generó el cierre definitivo de la CET Baigorria en Abril de 2016, siendo cedida en comodato a 20 años a la Comunidad “Padre Misericordioso” referenciada por el Sacerdote Fabián Belay, con una modificación rotunda en la forma conceptual de abordaje de esta problemática y tercerizando en forma privada recursos propios del Estado Nacional.
A esto se suman las designaciones a dedo y con el salarios abultados en el IOSFA, mientras la gran parte de los trabajadores y trabajadoras de las tres obras de ejército siguen percibiendo los salarios más bajos de la administración pública nacional; los desmantelamientos con despidos masivos en el Ministerio de Eduación y Fabricaciones Militares; el vaciamiento del Yacimiento Carbonífero Río Turbio; el intento de tercerizar el área de recursos humanos de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
La salud al servicio de la privatización
A comienzos de este año el director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, anunció que los jubilados o pensionados que cobran menos de 8500 pesos pero tienen más de un inmueble, un auto de menos de diez años de antigüedad o un plan de medicina prepaga ya no podrían acceder a medicamentos gratis. Una medida ilegal e ilegítima sobre algo que NO es un beneficio que brinda el Estado, sino de un contrato que el trabajador en actividad tuvo con el Pami y por el que aportó un tres por ciento durante 30 años de manera obligatoria y solidaria.
Los cambios sobre la asignación de medicamentos sin cargo son sólo una parte de la preocupante situación general en la que se encuentran todas las prestaciones médicas y sociales: los intentos de tercerizar los servicios de laboratorio; horas de demora en ambulacias; falta de camas en las clínicas y hospitales; falta de médicos de cabecera; la medicación oncológica y de VIH ya no se retira en las farmacias y los jubilados/as tienen que hacer otro trámite más en las Agencias lo que duplica la demora en tratamientos que no pueden interrumpirse.
Al par, el gobierno nacional anuncia con bombos y platillos la Cobertura Universal de Salud (CUS) mediante un Seguro y una Canasta Básica para casi 16 millones de personas “sin cobertura”, como si el Derecho a la Salud consagrado en la Constitución Nacional no fuera suficiente. Sin embargo, se puede apreciar que detrás de una aparente iniciativa de buenas intenciones, en la CUS se esconden viejas trampas conocidas: la promesa de una mejoría esconde como un verdadero Caballo de Troya, el intento de instalar una Canasta básica de servicios y que todo lo que no esté en la Canasta deberá ser pagado por los usuarios, confirmando así diferencias en el acceso a los servicios de Salud entre las argentinas y los argentinos, según sea la capacidad de pago de cada persona.
La criminalización de la protesta y la falta de memoria
Desde el anuncio del “protocolo antipiquetes” y la represión a los trabajadores de Cresta Roja quedó en claro el planteo macrista de criminalizar, atacar y estigmatizar las protestas y medidas de fuerza contra el ajuste del gobierno nacional. Un paradigma que, aún ante el reclamo de organismo internacionales como la ONU, insiste con la detención arbitraria de la dirigente Milagro Sala y sigue implementando prácticas violentas e intempestivas contra manifestantes, tal es el caso de la reciente avanzada de las fuerzas de seguridad sobre los trabajadores de Viedma (entre ellos el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar, quien fue injustamente apresado).
Las medidas antipopulares no sólo se circunscriben en el ámbito de ajuste y represión, sino que además que se han atrevido atacar la memoria y la historia: no alcanzaba con las declaraciones negacionistas de Macri, Loperfido y Gómez Santurión; faltaba además intentar trasladar el feriado del 24 de marzo. Determinación por DNU que al final tendría su marcha atrás por el inmediato repudio expresado por organizaciones sociales y de derechos humanos.
*Equipo de Comunicación ATE Rosario.
