Asociación Trabajadores del Estado

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Desarrollo Social: el Estado precarizado

De los Ministerios que componen el poder ejecutivo provincial, el de Desarrollo Social es el que tiene menor presupuesto. Y son sus trabajadores y trabajadoras quienes cobran algunos de los peores salarios de la administración pública santafesina, incluso cuando realizan iguales tareas que empleados de otros sectores. Pero, además, buena parte de las funciones de la cartera se llevan a cabo con personal en negro o con condiciones de contratación irregulares, en espacios con graves falencias edilicias y de infraestructura, con falta de personal y con carreras administrativas que no se respetan.

La situación resulta realmente llamativa teniendo en cuenta que esa dependencia debe atender las situaciones de poblaciones de riesgo, con altísima vulnerabilidad, como son niñez, adultos mayores y género, entre otros. “Esto tiene que ver con una política del gobierno de la provincia, porque no es casualidad que todos los que trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes seamos los trabajadores y trabajadoras peor pagos de la provincia”, apuntó Lorena Almirón, Secretaria Adjunta de ATE Rosario y asistente escolar.

Para hacer frente a estas injusticias, la organización de los trabajadores de Desarrollo Social viene creciendo. Incluso aquellos que, por desempeñar tareas en negro, no habían podido agremiarse, hoy lo hacen desde ATE Rosario, que se ha transformado en una herramienta fundamental a la hora de defender sus derechos. Esta semana fueron parte de una jornada de paro y movilización el martes y realizarán un plenario el próximo lunes 8 de agosto, a las 18.00, en la sede sindical (San Lorenzo 1879).

Aufemismos para la precariedad

De la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia depende un sector que ha protagonizado varias asambleas y luchas en los últimos dos años: los Acompañantes Personalizados (AP). La figura existe desde hace aproximadamente 8 años, con la Ley Nacional de Niñez, una normativa que todos valoran positivamente pero que, en los hechos, se aplica de forma deficiente.

Quienes desarrollan esa tarea, intervienen en el segundo nivel de atención de niños y niñas vulnerados en sus derechos, llevando a cabo las directivas que provienen de los equipos territoriales, que son quienes arman las estrategias de abordaje de cada caso particular. El acompañamiento se realiza allí donde resulte necesario: en domicilios, hospitales, centros de salud y hogares, entre otros.

Se trata de unos 200 trabajadores y trabajadoras que en Rosario se desempeñan en negro: cobran sus sueldos a través de cheque, con suerte, los días 18 de cada mes. Uno de ellos es Silvio Coronel, quien expresó su apreciación de las condiciones laborales: “Sentimos que nuestros derechos como trabajadores son vulnerados al igual que los derechos de los pibes. Nos tienen abandonados, nos pagan dos mangos, fuera de término, no tenemos seguro, y si nos enfermamos y no vamos a trabajar, no nos pagan”.

Mariana Palacios cumple la misma función de AP y aseguró que quieren “ser reconocidos como trabajadores y que se nos pase a planta permanente. Además, aumento de presupuesto para cumplirse los derechos de los pibes y las pibas, que es lo más importante”. La joven, también destacó la importancia de la función que cumplen: “la población con la que trabajamos son niños, niñas y adolescentes que están en extrema pobreza, situación de derechos vulnerados desde que nacieron, donde no hay figuras adultas que respondan por estos niños. Acá no hay voces de adultos reclamando por los derechos de estos niños, que justamente están intervenidos por la dirección de niñez porque no hay adultos responsables. Es una situación de vulnerabilidad extrema y los trabajadores somos muchas veces las voces de esos niños”.

Junto con trabajadores de otros sectores del Ministerio de Desarrollo Social, los AP vienen organizándose a través de ATE Rosario, sindicato que aceptó incluso a aquellos que están en negro y absolutamente precarizados. “Nos estamos organizando utilizando una herramienta fundamental que tanto le costó conseguir a los trabajadores a lo largo de la historia, que es el gremio, junto con el que estamos acá luchando”, reafirmó Coronel.

Otra figura que utiliza el eufemismo para esconder la precariedad laboral es la de los Acompañantes Institucionales (AI). En este caso, son trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones dentro de las instituciones, con un horario más o menos fijo. Tienen tareas similares al personal de planta, pero la diferencia es que están precarizados. Además, hoy también tienen que reclamar las horas trabajadas, ya que las autoridades del Ministerio aseguran que trabajan más horas de las que pueden pagarles.

“Tenemos pésimas condiciones de trabajo, muy malas políticas de infancia, estamos totalmente expuestos”, aseguró Román Cinalli, delegado del Hogar Colonia Astengo, en Alvear, donde el 80% de los trabajadores está en negro. “Están vaciando las instituciones de talleres al mismo tiempo que abren plazas en el IRAR. Quieren convertir los centros de día en un lugar para rehabilitación con un perfil que atienda más la drogadicción y los hogares se transforman en neuropsiquiátricos para niños prácticamente, donde salud mental hasta el momento no ha puesto nada, de todo se hace cargo Desarrollo Social que es el Ministerio con menos presupuesto de toda la provincia”, disparó.

El delegado destacó que, además, la situación salarial es acuciante: “las paritarias están siendo insuficientes para el personal de planta y la mayoría encima estamos por fuera de lo que son las paritarias. Recibimos una remuneración mucho menor, por igual tarea y quedamos por fuera de cualquier marco legal”.

Viendo el panorama general, todos los trabajadores del área aseguran que hay una tendencia hacia la privatización de algunas funciones del Estado. Para Coronel, el gobierno afirma que no hay presupuesto, “pero sí lo hay para pagarle a instituciones privadas con lógicas manicomiales y carcelarias”. Además, remarcaron que, como los hogares no alcanzan, “hay chicos en hostels y pensiones, donde no deberían estar. Es algo grave porque en esos lugares no hay contención institucional”.

“Este es un problema nacional y provincial que se está agudizando con las políticas del macrismo. Se necesita acentuar la unidad entre los sectores porque el vaciamiento del Estado se está acentuando y este gobierno viene a hacer que esto se cumpla”, concluyó.

Centros de Día

Hacia el interior de las instituciones, las situaciones no son mucho mejores. Nathaly Belardinelli es delegada en el Centro de Día La Posta, donde varios profesionales (en total hay unos 30 en todo el Ministerio) están esperando el cobro de los suplementos que les corresponde. “Desde hace un año que fue el pase a planta que no están cobrando el suplemento. Y a quienes sí se lo dieron, no cobraron el retroactivo. Es una parte del sueldo que se les está reteniendo”, explicó.

Como vocera de los reclamos de los trabajadores, la joven delegada remarcó la necesidad de “incremento salarial, teniendo en cuenta que Desarrollo Social es uno de los Ministerios peores pagos, donde un trabajador que hace la misma tarea que otro de salud, cobra mucho menos”. Ademas, exigió “regularizar la situación de los trabajadores que están precarizados ya que en un Hogar se sostiene el trabajo con gran parte de los trabajadores en negro”.

Por su parte, Jorge Martínez, delegado de Casa del Adolescente, recordó que en ese lugar están “en estado de asamblea permanente desde hace un par de semanas. Venimos viendo que hay una especie de vaciamiento. El gobierno o el funcionario de turno no da respuestas a una realidad que tiene que ver con una cuestión social y estamos a la espera a ver qué pasa”. Además, también están participando de actividades junto a otros Centros de Día y con trabajadores de Justicia Penal, para acompañar todas las medidas. “Tenemos que seguir en la lucha por un salario digno, eso es lo que nos aglutina a todos”, puntualizó.

Sectores vulnerables

Además del área de niñez, el Ministerio de Desarrollo Social debería cubrir las necesidades de otras poblaciones de riesgo, como son los ancianos y ancianas y todo lo que atañe a las políticas de género.

Roxana Rey es trabajadora en el área de Adultos Mayores y cuenta que están recibiendo “denuncias tremendas que muestran una situación de abandono de nuestros viejos, tirados en instituciones que no tienen ni la capacidad ni la contención adecuada para esas personas”. También señaló que deben “supervisar servicios privados mientras nuestras propias instituciones se vienen abajo, con viejos que están pasando frío, sin calefacción ni buena comida. Nos vemos parte de un estado corrupto, pero nosotros no lo somos y por eso reclamamos por los derechos de los que no se oyen”.

Desde la Dirección Provincial de Políticas de Género, se pronunció Carolina Zaldívar, quien es terapista ocupacional con más de 10 años de antigüedad en el Ministerio. En el caso de esta dependencia, también están reclamando por el cobro del suplemento profesional, “que sí fue dado a los trabajadores en la ciudad de Santa Fe y no a los trabajadores de Rosario que todavía estamos esperando”. Y, por otro lado, apuntó los límites que tienen en la carrera administrativa: “Los concursos son ficticios. El desarrollo hacia el interior de la cadena administrativa no se está respetando”, aseguró.

La trabajadora concluyó realizando un resumen del sentir de todos los trabajadores de Desarrollo Social: “vemos que hacia afuera promovemos derechos y difundimos las normativas en todo el sur de la provincia, pero hacia el interior de cada ámbito de trabajo se hace muy difícil realmente poder luchar por nuestros propios derechos como trabajadores”.

* Equipo de Comunicación ATE Rosario